En las últimas décadas, reportes y estudios han ido revelando una verdad incómoda: muchas de las mujeres que llegan a prisión han sido víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual prolongado. La estadística que suele mencionarse es alarmante: en ciertos centros, una proporción muy alta de mujeres privadas de libertad reportan haber sufrido violencia doméstica o sexual en algún momento. Sin embargo, lo que trasciende los números es la forma en que esa violencia, combinada con la pobreza, la falta de redes de apoyo y fallas institucionales, puede convertir la supervivencia en un camino que termina en encarcelamiento.
Entre la amenaza y la salida: el mito de la «decisión de irse»
Una de las preguntas más comunes —y a menudo cargadas de juicio— es: «Si ella estaba siendo maltratada, ¿por qué no se fue?». La respuesta, en la experiencia de quienes han estudiado estos casos de cerca, es que no se trata tanto de una decisión libre como de una dinámica controladora: el maltratador decide si ella puede o no irse. La violencia se construye con aislamiento, amenazas, control económico, vigilancia y la erosión sistemática de la autoestima. Además, los menores, la vivienda compartida y la falta de alternativas realistas (vivienda, empleo, seguridad para los hijos) convierten la salida en una opción que puede parecer imposible.
En muchos relatos, la violencia comienza de forma gradual y el contexto doméstico se enreda con afectos, responsabilidades y un cotidiano que la persona abusada intenta salvar. La percepción de la propia capacidad, la vergüenza y el miedo a perder a los hijos o a quedarse en la calle hacen que quien sufre el abuso evalúe riesgos inmediatos —a menudo letales— antes de intentar una ruptura. El momento en que alguien decide irse suele ser el más peligroso: la evidencia muestra que los intentos de salida son periodos de riesgo elevado para la violencia grave.
Heridas tempranas: el lazo entre abuso infantil y relaciones posteriores
Otro patrón recurrente en los testimonios es la repetición de abuso a lo largo de la vida. Muchas mujeres encarceladas tras episodios graves de violencia fueron, a su vez, víctimas de daño en la infancia. Esa historia temprana modifica la forma en que se confía en otros, se percibe el peligro y se construyen las fronteras personales. La ausencia de intervención y de tratamiento efectivo deja cicatrices que hacen difícil establecer relaciones seguras y reconocer señales tempranas de control o abuso.
El daño no siempre aparece como recuerdos claros: hay personas que normalizan episodios de violencia porque no conocieron otra narrativa posible. Para ellas, la experiencia de pareja abusiva puede no registrarse como una anormalidad al principio; si además hay adicciones, pobreza o abandono institucional, la línea entre supervivencia cotidiana y victimización se vuelve borrosa.
La ley y el estándar de la «persona razonable»
En el terreno legal, la concepción clásica de la autodefensa plantea problemas específicos cuando quien actúa es una mujer que ha vivido violencia prolongada. Tradicionalmente, los tribunales evaluaron la conducta comparándola con la de un «hombre razonable» en una confrontación física instantánea: una pelea de bar entre iguales, por ejemplo. Esa comparación ignora la situación de una mujer que vive en un entorno donde la amenaza es constante, donde la violencia puede manifestarse a través de asfixia, amenazas con armas, manipulación o control financiero y donde la capacidad física para enfrentarse directamente suele ser limitada.
Además, la exigencia de inmediatez —que la amenaza fuera inminente en el segundo exacto antes de la reacción— no encaja con las estrategias que las víctimas usan para protegerse cuando el riesgo es persistente y la respuesta inmediata suele ser mortal. En la práctica, esto significa que muchos actos que para la persona que responde eran defensivos o de prevención no encajan en la definición legal y terminan siendo juzgados como crímenes, no como reacciones comprensibles de alguien que vivía en peligro constante.
Historias que muestran la complejidad
Los casos que atraviesan relatos periodísticos y judiciales suelen ilustrar cómo se combinan factores personales y estructurales. Hay mujeres que mantienen relaciones abusivas porque no tienen dónde ir; otras que buscan refugio en la casa de un conocido para evitar dormir en su coche, y terminan atrapadas por el control financiero o la violencia. Otras veces, la violencia se prolonga desde la infancia y nadie la trató, así que las trayectorias vitales acaban repitiendo patrones que, finalmente, conducen a episodios trágicos y a procesos penales que no toman en cuenta el contexto completo.
También existe una subestimación de cuánto la coerción emocional y psicológica distorsiona la percepción de la víctima sobre su propia autonomía. Muchas sobrevivientes tratan de racionalizar o minimizar episodios de agresión para poder convivir y sobrellevar la vida cotidiana; esa misma estrategia, para mantenerse funcionales, luego se convierte en evidencia de «normalidad» ante jueces o jurados que no han sido formados para entender la dinámica del abuso.
Fallas cuya suma produce castigo
El proceso que termina con una persona en prisión no es sólo fruto de una decisión individual: se alimenta de múltiples fallas institucionales. Fiscalías que optan por cargos severos, defensas que carecen de recursos para contextualizar el comportamiento, servicios sociales desbordados y sistemas de salud mental con acceso limitado convergen para que la supervivencia se interprete como criminalidad. La falta de datos precisos —por ejemplo, de casos en que no se presentaron cargos o no hubo condena— dificulta comprender la magnitud del fenómeno y diseñar políticas que lo aborden.
En la práctica, esto implica que muchas mujeres no reciben evaluaciones que consideren su historial de abuso, ni se les facilita acceso a programas de apoyo que podrían prevenir la escalada hacia situaciones de riesgo penal. Donde el apoyo existe, con frecuencia es insuficiente o fragmentado; donde falta, la única salida que perciben es la reacción desesperada que la ley termina sancionando.
Implicaciones y caminos posibles
Corregir estas rutas exige entender que la justicia no puede basarse en supuestos universales que no contemplan la desigualdad de género ni las consecuencias del trauma. Entre las medidas que se desprenden de los testimonios y de quienes trabajan con sobrevivientes están: adaptar los criterios de defensa a la realidad de quienes han vivido violencia prolongada, mejorar la formación de jueces y fiscales para reconocer dinámicas coercitivas, invertir en redes de alojamiento y apoyo económico, y garantizar atención de salud mental accesible y sostenida.
Sin embargo, mientras estas transformaciones avanzan —y debido a que suelen ser lentas— es importante que las personas que acompañan a sobrevivientes trabajen con estrategias sostenibles de apoyo: modelos de intervención que favorezcan la constancia, el acceso a recursos y la construcción de pequeños hábitos de protección y autocuidado. La repetición cotidiana de pasos concretos —un plan de seguridad, contactos de confianza, gestión de documentos esenciales— puede marcar la diferencia entre una salida realista y una opción inviable.
Lo personal y lo colectivo
Las historias de criminalización tras la supervivencia ponen en evidencia que las soluciones no son solo legales: requieren redes sociales y políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad material y emocional. Prevenir que una mujer pase de víctima a reclusa es un desafío que exige coordinación entre servicios, reformas jurídicas y, sobre todo, reconocimiento público de que la violencia no es un asunto privado sino una problemática social con consecuencias penales y humanas.
Finalmente, la compasión y la escucha informada son indispensables. Evaluar las acciones de alguien que ha vivido abuso desde la lente de la empatía no significa eximir responsabilidad en todos los casos, pero sí ofrece un marco más justo para entender por qué ocurrió aquello que, en apariencia, parece inexplicable.
